El día domingo recién pasado, la editorial de La Tercera, titulada “La Constitución y el derecho de propiedad”, defendió sin pudor alguno la propiedad privada de las aguas y la minería ante el supuesto clima de “incertidumbres” que se ha tejido con las reformas del gobierno. El texto instala la idea de que el derecho de propiedad bajo ninguna circunstancia se opone al derecho a la vida y que el proceso constituyente anunciado por el Ejecutivo representa un peligro para las inversiones y el crecimiento.
Al respecto señalaremos una serie de diferencias y cuestionamientos a la visión planteada en el texto referido. Lo primero de ello, es que el régimen de propiedad de las aguas que impera en Chile se opone ampliamente al derecho a la vida de las personas y los ecosistemas. Prueba de ello lo demuestra el informe anual de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2013, el que señala que la privatización y mercantilización de las aguas viola el derecho humano al agua. Del mismo modo, el informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del mismo año 2013, titula en un capítulo especial (capítulo 7) “El derecho al agua como un Derecho Humano”, señalando a la provincia de Petorca como el ejemplo más paradigmático en materia de violación del humano al agua, y agrega que la privatización de las aguas y la ausencia de garantías institucionales que velen por el acceso humano al agua, claramente fragilizan la vida de las personas.
En efecto, Chile es reconocido mundialmente como el antimodelo en la gestión de las aguas, ya que la dictadura y los gobiernos de la Concertación y la Alianza, entregaron las aguas al dominio privado, en sus fuentes y su gestión, afectando gravemente la soberanía sobre el bien natural más indispensable para la vida. En Chile, el mercado de las aguas es absolutamente desregulado e incentiva la especulación y la concentración de derechos de aguas, lo que ha dejado a vastos territorios del país en la situación de escasez más grave que se haya registrado en las últimas décadas.
Otro elemento que no puede pasar por alto es la intención de La Tercera de instalar el tan vapuleado “fantasma de la expropiación”, en circunstancias en que ha sido el Estado el que, en base al Código de Aguas, ha concedido derechos de aguas de forma gratuita y perpetua a los privados, los que han usufructuado por décadas de las aguas otorgadas, además de transformarlas en objeto de lucro y acumulación, sin pagar ningún gravamen por ello. En una parte del texto se señala: “no existe la antinomia entre los derechos a la vida y a la propiedad, porque operan en dimensiones distintas” (…) “facultades para preservar la vida existen y el punto es si el costo debe sufrirlo el titular del derecho de agua o toda la comunidad. Lo correcto es que sea esta última, pues lo contrario es implantar una incertidumbre que puede tener enormes costos económicos y sociales, y se preste para medidas arbitrarias”.
Asumir que el costo para preservar el derecho al agua debe pagarlo la comunidad y no los privados que utilizan el agua con fines lucrativos es ir en contra de toda ética. En otras palabras, referirse a la certeza jurídica para los particulares es superponer el beneficio privado por sobre el bien común. Lo que sucede en la actualidad es que la comunidad ya está pagando el costo de la privatización, por lo que le corresponde al Estado velar por el bien público anteponiendo los intereses comunes por sobre el interés privado. Si eso significa caducar derechos y reorganizar la gestión del agua en Chile, es hora de hacerlo, porque no se puede seguir sacrificando territorios y secando al país por una fe ciega en el crecimiento indefinido, basado en la extracción de materias primas destinadas a la exportación.
Finalmente, el rol que juega La Tercera de portavoz del empresariado es absolutamente ideológico y, al contrario de cómo se presenta, lejos está de ser objetivo o neutral. Desde que el gobierno anunció las reformas al Código de Aguas la presión que han ejercido los más grandes gremios empresariales, en particular el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Agricultura, a través de los medios de prensa, como el periódico en cuestión, ha sido permanente e inconmesurable. Tanto es así que el gobierno, a poco andar, tuvo que retroceder en los anuncios y morigerar vergonzosamente el alcance de las reformas por las que fue electo, planteando una Indicación Sustitutiva que reforma el Código de Aguas que es absolutamente cosmética e insuficiente con el problema estructural de las aguas del país. Es hora de poner las cosas en su lugar: el agua es el bien común más esencial para la vida de los seres humanos, de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales; por ende, no puede continuar siendo una mercancía destinada a la generación de utilidades para quienes detentan la propiedad del agua. Hoy es imperativo despejar visiones mercantilistas y comprender que la desmercantilización de las aguas es, en definitiva, la preservación de la vida.
Por Rodrigo Mundaca y Rodrigo Faundez
Fuente: www.lemondediplomatique.cl/Desprivatizar-el-agua-para.html (16 de Junio de 2015)
